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Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas - CGT

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Personal indefinido no fijo y personal interino

¡No sin indemnización!

Viernes 20 de marzo de 2020, por fetap

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La Administración ha abusado de la temporalidad, tanto en los nombramientos de personal interino como en la sucesión de contratos temporales, cubriendo así durante largos años plazas estructurales y no estructurales que deberían haberse convocado reglamentariamente.

Ahora, multitud de personas ven peligrar su puesto de trabajo en la Administración puesto que han de enfrentarse a un proceso de estabilización para obtener plaza, ya sea en régimen laboral o funcionario. En este escenario, los colectivos afectados han constituido diversas plataformas reclamando ante los tribunales la consolidación automática de sus puestos de trabajo.

En CGT consideramos, al personal interino y al indefinido no fijo, víctimas del abuso de poder que han ejercido las diversas administraciones al no convocar las plazas estructurales que requieren los servicios públicos y no crear las necesarias para el buen funcionamiento de los servicios en lugar de privatizar y externalizar, y denunciamos que a pesar de poner en marcha este proceso de estabilización que afecta a todas las plazas ocupadas por contratos laborales y nombramientos interinos ininterrumpidos antes del 31/12/2017, a día de hoy se siguen practicando contratos y nombramientos irregulares, en fraude de ley, para cubrir puestos de trabajo estructurales.

• Auditar las plantillas y el catálogo de puestos de trabajo (RPT) de cada Administración con descripción exhaustiva y clara de las funciones y condiciones del puesto de trabajo, para determinar cuáles son las plazas pendientes de oferta pública. • Velar porque se oferten todas las plazas vacantes que deben incorporarse al presente proceso de estabilización, evitando la selección arbitraria que eluda los procesos selectivos y perpetúe a las personas en su puesto de trabajo irregularmente.

• Calendarizar los futuros procesos selectivos que quedan fuera del proceso de estabilización a medio plazo, e informar a las personas afectadas de su situación para que tengan la oportunidad de prepararse y estudiar con antelación.

• Denunciar públicamente y ante las autoridades laborales las futuras contrataciones y nombramientos irregulares para evitar el incremento de la precariedad de las Administraciones Públicas, en coherencia a la directiva europea y al proceso actual de estabilización, cuyo objetivo coincide con el reclamo de la CGT, que es reducir la temporalidad y la interinidad en el estado español.

• Reclamar que, previo a la provisión de nuevos puestos de trabajo, se atiendan primero las promociones internas y las peticiones de traslados a través de concursos, en aras a la justicia y respeto a los derechos de todos y todas las trabajadoras.

• Participar en la redacción de las bases de las convocatorias, velando por la equidad de la puntuación de las diversas fases y pruebas, otorgando bajo este principio la máxima puntuación posible con equidad y no arbitrariamente, al mérito que reconoce la antigüedad de los servicios prestados en la Administración Pública.

• Promover desde cada Administración cursos de formación en igualdad de condiciones para todas las empleadas y empleados (a ser posible formación propia o a través de las escuelas de Administración Pública) y que los temarios sean accesibles a toda la ciudadanía.

• Velar en el conjunto de las Administraciones para que los procesos selectivos garanticen los principios de igualdad, capacidad, mérito y publicidad, mediante el sistema de oposición o concurso oposición.

• Exigir una indemnización para las personas que no superen los procesos selectivos para obtener las plazas que ocupan actualmente, ya que con independencia de las normas existentes en el momento de su contratación o su nombramiento, el derecho a indemnización por despido está contemplado en la legislación internacional que suscribimos como sindicato (Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador), y acorde a la Directiva europea 1999/70 respecto de la posibilidad de pagar indemnizaciones.

• Exigir responsabilidades patrimoniales a quienes, conociendo la Ley y siendo responsables de la gestión de la Administración Pública, rubricaron o refrendaron con su firma las contrataciones y nombramientos hechos en fraude de ley. Que sean estos funcionarios y funcionarias, y no la ciudadanía con sus impuestos, quienes respondan a título personal con su patrimonio de su mala gestión y asuman las indemnizaciones de las personas afectadas.

Tanto el Tribunal Supremo en sentencia de Casación (STC 1426 de 26/09/2018), como la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de 4/11/2019, resuelven que los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso oposición, y que no existe base jurídica que exima a este personal de someterse a unas pruebas objetivas de evaluación de sus conocimientos. Las plazas de personal laboral deberán incluirse en las primeras ofertas públicas de empleo y el personal

LA ADMINISTRACIÓN NO PUEDE “IRSE DE ROSITAS”

• Porque en cada contrato laboral hay una firma con nombre y apellidos de la persona responsable que actúa en nombre de la administración.

• Porque todos los nombramientos de personal interino se firman por decreto o por vía de acuerdo del correspondiente órgano de gobierno.

• Porque todas las nóminas se firman y validan por cada Intervención y Tesorería.

A la vista está, con la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que la Administración no pretende autolesionarse, imponiéndose a sí misma sanciones que la disuadan eficazmente de continuar generando precariedad e inestabilidad en el empleo público.

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