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CGT Granada

Sobre la Reforma de la Administración Local

Miércoles 10 de julio de 2013, por fetap

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El próximo día 19 de julio de 2013, este gobierno inmoral del PP tiene previsto aprobar la reforma de la administración local. Esta reforma va a suponer la destrucción de uno de los pocos reductos en los que los ciudadanos/as aún podían contar con unos servicios públicos que les dieran cobertura en estos duros años, toda vez que el Partido Popular ya ha arrasado con otros servicios fundamentales, como los sanitarios o la enseñanza pública, por ejemplo.

Analicemos con un poco más de detenimiento los contenidos de esta reforma para poder calibrar los efectos tan negativos que va a tener sobre la población y sobre las plantillas de trabajadores/as municipales.

¿POR QUÉ LA REFORMA?

El PP argumenta que la reforma es necesaria debido al mal funcionamiento de las administraciones, en este caso de las locales, que despilfarran recursos públicos, y se ven avocados a intervenir dada la obligación de cumplir con el déficit dictado por Europa que generó la modificación pirata del artículo 135 de la Constitución.

Sin embargo, en seguida vemos lo endeble del argumento, cuando comprobamos que, según los datos del Banco de España, la deuda total de todas las corporaciones locales supuso en 2012 el 4% del PIB, muy lejos del 17,6% de las Comunidades Autónomas y a años luz del déficit de la administración central, nada menos que del 66,6%. Además, la deuda de las corporaciones locales la generan las grandes ciudades y no las pequeñas corporaciones que es con quien se ceba la reforma (el Ayuntamiento de Madrid, gobernado desde hace muchos años por el PP, adeuda 7.429 millones, 300 más de la cantidad que pretender ahorrar).

Plantea así el PP que con la reforma se van a ahorrar 7.129 millones de euros, para lo que ponen en marcha diversas actuaciones como la supresión de entidades locales menores, la eliminación de competencias de los municipios o el límite a los sueldos de los políticos así como a su número y al número de asesores.

Pues bien, esta última medida, presentada por los populares como una muestra de que los recortes también les afectan a los políticos, no es más que una medida distractora y populista, ya que supone sólo el 2% del ahorro, 146 millones, mientras que la parte del león se la lleva la eliminación de competencias con 5.414 millones de “ahorro”, un 76% del total provenientes del cierre de servicios y del despido de parte de las plantillas municipales.

Estas cifras ya delatan el verdadero propósito del Partido Popular con la reforma de la administración local: el desmantelamiento de los servicios públicos municipales, el despido de miles de trabajadores/as y poner en bandeja a empresas amigas la oportunidad de que se hagan con servicios municipales hasta ahora prestados por empleados públicos.

¿QUÉ COMPETENCIAS ELIMINA? ¿QUIÉN Y CÓMO LAS ASUME?

Ya hemos visto que el verdadero “ajuste” de la reforma se produce en torno a la eliminación de competencias municipales.

El proyecto que pretenden presentar el 19 de julio modifica la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y deja a los Ayuntamientos con un número muy reducido de competencias, eliminando de un plumazo aquellas que tenían un marcado tinte social. Aunque la eliminación de competencias afecta tanto a municipios de más de 20.000 habitantes como a municipios menores, lo hace de forma diferente.

Centrándonos en los municipios de más de 20.000 habitantes, la reforma pasa por reducir significativamente sus competencias. Así, entre las competencias que se eliminan se encuentran las siguientes:

- Educación. Las corporaciones locales tienen la competencia de conservar, mantener y vigilar los centros educativos públicos. Además, muchos municipios cuentan con proyectos y programas educativos de distinta índole. Pues bien, estas competencias pasarán a ser de las comunidades autónomas, que experimentarán el extraordinario sobrecoste que supondrá el mantenimiento de los centros educativos.

- Salud. Los municipios hasta ahora asumían algunas responsabilidades en cuanto a la atención primaria y a la vigilancia de la salud pública. Estas competencias, con la reforma, deberán ser recogidas por las Comunidades Autónomas, que tendrán que asumir la existencia de consultorios locales municipales y de algunos equipos específicos.

- Consumo. Desparece del anteproyecto de ley las competencias de los municipios en referencia a la protección de los consumidores. Muchos municipios tienen establecidas oficinas municipales o servicios de información al consumidor, que ahora pasan a ser “competencias impropias”.

- Promoción de la mujer. Este tipo de actividades, que aparecían en la Ley de Bases 7/85, desaparece en el redactado del proyecto, por lo que no cabrá posibilidad de que los municipios desarrollen ninguna actividad en esta materia. Sin embargo, respecto a la atención a mujeres víctimas de violencia de género, podría entenderse que, al menos, la acogida y atención de emergencia a estas mujeres se incluye dentro de las competencias municipales para municipios de más de 20.000 habitantes.

- Servicios Sociales. Especialmente destructivo es al anteproyecto con los servicios sociales municipales, ya que además de eliminar servicios y despedir plantilla, va a suponer la muerte del actual modelo de prestación de los servicios sociales en este país: un modelo que ha funcionado relativamente bien durante 30 años y que garantizaba unos derechos sociales que se ejercitaban a través de unas prestaciones y unos equipamientos básicos, consensuados en todo el estado a través del Plan Concertado.

El sistema de servicios sociales se desarrolló en base a dos niveles: uno básico o primario, de carácter municipal y otro especializado o secundario, de competencia autonómica. Pues bien, todo el primer nivel, los servicios sociales comunitarios, son eliminados de un plumazo por la reforma y pasan a ser competencia de las CCAA. Digo que en este sistema la destrucción es más grave, porque no sólo conllevan destrucción de plantillas o pérdidas de servicios, como ha ocurrido con otros sistemas, sino que en este caso supone el fin de los servicios sociales comunitarios tal y como los conocemos. Es decir, nos enfrentamos a algo parecido al cierre de un sector en el que además de producirse despidos, se ofrece un panorama y unas perspectivas de futuro nulas de reintegración laboral, ya que el cierre del sector impide cualquier tipo de recuperación laboral. Tras los despidos, trabajadores/as sociales, educadores/as, psicólogos/as y otros profesionales de la intervención social, tendrán muchas dificultades para encontrar empleo ya que el sistema a nivel estatal se habrá reducido a más de la mitad de su actual volumen.

Actualmente, en los servicios sociales comunitarios desarrollan su labor 50.000 personas que han atendido en 2012 a un total de 8 millones de usuarios; con la reforma, las plantillas se verán reducidas enormemente y muchas personas, las que más necesidades sociales experimentan, sufrirán una falta de atención social que las pondrá aún más en situaciones muy difíciles. No sería de extrañar, en un tiempo, la vuelta a las colas y las cartillas de racionamiento ya que el sistema se torna eminentemente asistencial, actualizando la beneficencia que creíamos superada hace muchos años.

¿QUÉ PASA CON ESAS COMPETENCIAS?

En el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes esas competencias tendrán que ser asumidas por las CCAA, mientras que en los de menos de 20.000 habitantes, serán las diputaciones quienes lo hagan.

El problema fundamental es que esa asunción de competencias debe hacerse sin añadir financiación a unas comunidades autónomas y diputaciones, que hoy día están recortando sus propios servicios por la asfixia económica a la que les está llevando la exigencia del cumplimiento del déficit.

Sabiendo el gobierno central de estas dificultades, establece que la administración que recibe las competencias, tras una evaluación exclusivamente económica puede realizar los “planes de ajuste” y de “redimensionamiento” de los servicios que sean necesarios. Es decir, si no pueden asumir los servicios tal y como están con todos sus trabajadores, podrán reducir el número de los mismos, así como los servicios que prestan.

Esta evaluación económica se llevará a cabo con el controvertido “coste estándar” de los servicios, es decir, el Ministerio de Hacienda dirá lo que cuesta cada servicio para todo el Estado, teniendo en cuenta como única variable la demografía. Con este coste estándar, las CCAA y las diputaciones deberán echar cuentas para ver qué cantidad de los actuales servicios pueden asumir: el resto, será desmantelado y sus trabajadores despedidos. Tanto diputaciones como CCAA tienen ahora dos opciones, o bien asumen las plantillas, ya que el anteproyecto prevé el traspaso de plantillas de una administración a otra, o bien delegan las competencias en los ayuntamientos, delegación que debe conllevar la correspondiente financiación. De cualquier forma, en un caso o en otro, tanto CCAA como diputaciones realizarán “ajustes” y “redimensionamientos” de servicios y plantillas, lo que conllevará un ingente número de despidos.

En principio, sabemos que los despidos afectarán a los laborales y a los interinos, sin embargo, no estamos en disposición de decir que no vaya a afectar a los funcionarios, que podrían pasar a una situación de expectativa de destino primero y luego a una excedencia forzosa. Todo el espíritu de la reforma va encaminada a cumplir un objetivo que ya reconoce en su exposición de motivos la propia ley, de forma explícita, cuando dice buscar “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

Nos encontramos de nuevo ante un nuevo golpe de mano de los mercaderes que quieren la privatización de los servicios públicos municipales, pasando previamente por la destrucción de las plantillas de empleados/as municipales, con el único fin de lucrarse con unos servicios fundamentales para la mayoría de la población. Desmantelamiento de lo público para el enriquecimiento de unos pocos, aumentando la miseria de muchos.

¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA LA REFORMA? El secretario de Estado de Administraciones Públicas, el perverso Beteta, ya ha anunciado que el próximo 19 de julio la Reforma será presentada en el en el Consejo de Ministros. Tras la presentación, unos escasos meses para la tramitación parlamentaria, que muy probablemente se hará, para varias, como Decreto-Ley para evitar el debate parlamentario, por lo que para octubre puede estar aprobada. A partir de su aprobación, la reforma establece cinco años para el traspaso de las competencias educativas y las referidas a salud, mientras que da sólo un año para el traspaso de las competencias propias de los servicios sociales.

En definitiva, tenemos ante nosotros el mayor recorte de los servicios municipales que se ha llevado a cabo en toda la historia, y que implicará el despido de miles de compañeros y compañeras de los ayuntamientos y la pérdida de numerosos servicios públicos para una población que cada vez está más desprotegida ante los abusos de políticos, empresarios y banqueros.

Desde CGT sabemos que es difícil, pero entendemos que nos encontramos ante el deber de parar esta reforma tal y como está planteada, y que la única manera de hacerlo es saliendo a la calle y defendiendo nuestros derechos. Por eso, la CGT llama a la movilización de los empleados y empleadas municipales en defensa de los servicios municipales y de nuestros puestos de trabajo. Solo así conseguiremos impedir una reforma que sólo pretende destruir servicios y empleos para el enriquecimiento de unos pocos.

En esta línea, la CGT ha convocado actos de protesta, frente a las sedes del Partido Popular, en todos los municipios en los que tiene implantación, para denunciar públicamente lo que esconde la reforma.

En Granada se va a celebrar una concentración en la sede del Partido Popular en la C/ Andrés Segovia, 54, frente al Centro Civico del Zaidín el día 10 a las 19 horas.

NO A LA REFORMA DE LA ADMINSITRACIÓN LOCAL

DEFIENDE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

DEFIENDE TU EMPLEO

CGT Granada

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