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CGT Granada

Salvemos los Servios Sociales: Es tu Responsabilidad Profesional, es tu Empleo

Miércoles 10 de julio de 2013, por fetap

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La reforma de las administraciones públicas va a suponer el desmantelamiento de numerosos servicios que hasta hoy prestaban los ayuntamientos. Servicios educativos, servicios de salud, oficinas de atención al consumidor o los servicios de igualdad se verán seriamente afectados por la misma. Sin embargo, la reforma atenta especialmente contra un tipo de servicio de marcado carácter municipal, que se han convertido en la seña de identidad de los servicios municipales en muchos municipios de todo el estado: estos son los Servicios Sociales.

Como sabéis, el Sistema de Servicios Sociales se diseñó hace más de 30 años diferenciando dos niveles: el nivel comunitario o primer nivel, y el nivel especializado, o 2º nivel. Si bien el nivel especializado era competencia de las Comunidades Autónomas, el nivel comunitario se definió como una competencia local propia (de los ayuntamientos para municipios de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones para los de menos), y así se recoge tanto en la LBRL /85, con en las diferentes leyes de servicios sociales de las distintas Comunidades Autónomas. Pues bien, la reforma elimina de un plumazo esta competencia de entre las de los municipios, y tan sólo recoge una ambigua y pobre competencia en los municipios de más de 20.000 habitantes relacionada con los servicios sociales, que define como “la valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de exclusión social”. Es decir, dejan como única competencia municipal en la materia una especie de oficina de información rápida y de derivación, eliminando de un golpe los planes de trabajo con las familias, la tramitación de recursos, la intervención con los menores, las terapias familiares o el trabajo comunitarios de promoción y prevención.

Así, todo el trabajo que venimos desarrollando deberá ser asumido por las Comunidades Autónomas o por las diputaciones, pero con el problema de que ello no conllevará un aumento de la financiación de las mismas, con las dificultades que esto entrañará para unas comunidades y unas diputaciones ya asfixiadas, que a día de hoy recortan servicios y plantillas.

En el caso de municipios de más de 20.000 habitantes, las competencias las deberá asumir la comunidad autónoma que podrá asumir las plantillas de profesionales, o bien delegarlas a los ayuntamientos con la correspondiente financiación. Sin embargo, siendo consciente el gobierno central de las dificultades económicas de las Comunidades Autónomas, la reforma prevé que en el proceso de asunción de las competencias, la comunidad realice los “planes de ajuste” necesarios y “redimensione” las plantillas. Estos ajustes se harán en base al “coste estándar” que será un coste que el Ministerio de Hacienda dictará para todo el Estado y que servirá para calcular esos “ajustes”, que no son otra cosa que recortes en los servicios y una disminución drástica de las plantillas. En la actualidad, unas 50.000 personas trabajan en los servicios sociales municipales, atendiendo a 8 millones de usuarios. Bien, pues se calcula que con la mermada capacidad económica de las Comunidades Autónomas para hacerse cargo de estos servicios, estas cifras se verán reducidas a más de la mitad, dejando a muchos compañeros/as en paro y a muchos ciudadanos sin servicios.

El ataque que la reforma hace a los servicios sociales es especialmente grave, ya que no sólo conlleva destrucción de plantillas o pérdidas de servicios, como ha ocurrido con otros sistemas, sino que en este caso supone el fin de los servicios sociales comunitarios tal y como los conocemos. Es decir, nos enfrentamos a algo parecido al cierre de un sector en el que además de producirse despidos, se ofrece un panorama y unas perspectivas de futuro nulas de reintegración laboral, ya que el cierre del sector impide ningún tipo de recuperación laboral. Tras los despidos, trabajadores/as sociales, educadores/as, psicólogos/as y otros profesionales de la intervención social tendrán muchas dificultades para encontrar empleo ya que el sistema a nivel estatal se habrá reducido a más de la mitad de su actual volumen.

En principio, sabemos que los despidos afectarán a los laborales y a los interinos/as, sin embargo, es probable que la reforma también afecte a los funcionarios, que podrían pasar a una situación de expectativa de destino primero y luego a una excedencia forzosa.

En definitiva, la reforma supone el desmantelamiento de los servicios sociales tal y como los conocemos, ya que elimina el Plan Concertado, un modelo que ha funcionado relativamente bien durante más de 30 años y que garantizaba unos derechos sociales que se ejercitaban a través de unas prestaciones y unos equipamientos básicos, consensuados en todo el Estado. Se trata, en definitiva de una vuelta a la limosna y la beneficencia, modelos que creíamos superados hace muchos años.

Y todo ello para facilitar la privatización de los servicios, tal y como reconoce en su exposición de motivos la propia ley, de forma explícita, cuando dice buscar “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. Nos encontramos de nuevo ante un nuevo golpe de mano de los mercaderes que quieren la privatización de los servicios sociales municipales, pasando previamente por la destrucción de las plantillas de profesionales municipales, con el único fin de lucrarse con unos servicios fundamentales para la mayoría de la población: desmantelamiento de lo público para el enriquecimiento de unos pocos, aumentando la miseria de muchos.

Desde CGT sabemos que es difícil, pero entendemos que nos encontramos ante el deber de parar esta reforma tal y como está planteada, y que la única manera de hacerlo es saliendo a la calle y defendiendo nuestros derechos. Por eso, la CGT llama a la movilización de los profesionales en defensa de los servicios sociales municipales y de nuestros puestos de trabajo.

En esta línea, la CGT ha convocado actos de protesta, frente a las sedes del Partido Popular, en todos los municipios en los que tiene implantación, para denunciar públicamente lo que esconde la reforma.

En Granada se va a celebrar una concentración en la sede del Partido Popular en la C/ Andrés Segovia, 54, frente al Centro Civico del Zaidín el día 10 a las 19 horas.

DEFIENDE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

NO A LA REFORMA DE LA ADMINSITRACIÓN LOCAL

DEFIENDE TU EMPLEO

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