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Nuestros recortes sus privilegios

Viernes 24 de mayo de 2013, por fetap

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CGT, Sindicato mayoritario en el Parlamento de Andalucía desde 1999, que en las últimas elecciones sindicales fue el sindicato más votado con el 37,58% de los votos, obteniendo 3 representantes en el Consejo de Personal (compuesto por 7 miembros), ante los recortes y medidas relativas a los derechos de los trabajadores de la Cámara andaluza aprobadas por la Mesa del Parlamento manifiestan lo siguiente:

1º Los funcionarios del Parlamento de Andalucía han sufrido recortes en sus derechos económicos y laborales como el resto de los trabajadores públicos. Hemos sufrido unos recortes equivalentes al del resto de administraciones públicas. Al igual que todos los funcionarios hemos sufrido la pérdida de un 5% de nuestras retribuciones en mayo de 2010 (decretazo de Zapatero) y de una paga extraordinaria, en el Parlamento prorrateada en 18 meses; se han reducido el 10% las partidas de productividad y formación; un 50% el fondo de acción social; se han reducido a la mitad los días de asuntos propios, se han eliminado los días de preparación de exámenes finales, se han acortado las licencias y permisos por nacimiento de hijos, por enfermedad o fallecimiento de familiares, por mudanza… Además estamos sufriendo unas tasas de sustitución y reposición cero, no cubriéndose las vacantes por fallecimiento, jubilación, bajas médicas de larga duración, ceses, etc.

2º La CGT está frontalmente en contra de estos recortes y de todos los recortes a los trabajadores públicos. En el caso del Parlamento consideramos que estos recortes son un lavado de imagen de los políticos, eso sí, con el dinero y los derechos de otros. En los años 2012 y 2013 los trabajadores de la Cámara han visto recortadas sus retribuciones en 1 millón de euros (325.000 euros en 2012, 650.000 euros en 2013 y 43.000 euros del fondo de acción social en 2013), por el contrario, sus señorías, si bien es cierto que en 2012 no cobraron la extra de navidad, que a ellos les supone solamente entre un 5% y 6%, frente al 7,5% que supone de media a cualquier funcionario, al recuperar esta paga extra este año van a tener un incremento retributivo que llega hasta el 4,25% para el diputado raso (Se adjunta cuadro). Pero eso no es todo, según la página web de la Consejería de Hacienda, el Parlamento de Andalucía a finales del 2012 realizó una modificación presupuestaria detrayendo 654.000 euros de una partida “fantasma” denominada “edificios y otras construcciones” para incrementar la partida de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, ya dotados con 10.777.361 euros, para sumar la cifra nada desdeñable de 11.427.361 euros. Todo ello teniendo en cuenta que el Parlamento paga prácticamente la totalidad de los gastos posible de los grupos políticos, incluidos los sueldos de los conductores de los portavoces y los coches oficiales que, por cierto, se han renovado el año pasado.

Mantenemos que es un lavado de cara con dinero y derechos ajenos, porque, ¿cómo es posible que reduzcan nuestros días de asuntos propios a la mitad cuando no han tocado ni uno solo de los días de sus tres meses de vacaciones? ¿Cómo es posible que reduzcan nuestras retribuciones en 650.000 euros en 2013 con la excusa que van a sufragar la sanidad y la educación públicas, los mismos que en 2012 han incrementado en la misma cantidad las asignaciones a sus grupos políticos? ¿Cómo defienden que se eliminen las ayudas a la vivienda a los funcionarios incluidas en el Fondo Social con valor de menos de 100 euros anuales aquellos mismos que mantienen ayudas a la vivienda de 1.600 euros mensuales para los altos cargos de la Junta? ¿Cómo es posible que no se cubran las vacantes y las bajas de larga duración mientras la plantilla de personal eventual y confianza de los políticos está al 100% cubierta?

3º Muchas de las medidas que se han adoptado, no han supuesto ningún ahorro económico, sino más bien lo contrario. La justificación real de algunos de los recortes a los derechos de los trabajadores ha sido la determinación de la dirección parlamentaria de acabar con resoluciones que no eran de su agrado porque tenían un claro carácter social y progresivo y ningún beneficio para los altos funcionarios o cuerpo de letrados, como el Fondo Social, que contaba con una distribución inversa a las retribuciones y que se implantó en el Parlamento aunque contaba con su opinión contraria y gracias a la aportación de políticos de otros tiempos y otro talante como Antonio Romero. La dirección parlamentaria ha aprovechado la ola general de recortes y una Mesa de la Cámara complaciente para realizar un “ajuste de cuentas” con normas como la regulación de la productividad, vinculándola enteramente a la asistencia, medida que no afecta al cuerpo de letrados y al personal eventual de confianza (de designación política) sobre los que no se realiza ningún control de asistencia, ya que no fichan en los relojes de personal.

4º En el proceso negociador la transparencia de la que tanto alardean en sus discursos públicos ha brillado por su ausencia, se nos han denegado documentos como el Convenio Especial suscrito con la Seguridad Social, el texto refundido del Régimen Económico y Ayudas de los Diputados. Se nos ha denegado el uso de la Sala de Prensa para dar a conocer los datos de los recortes y nuestra opinión sobre los mismos. Se ha llegado a abrir una investigación para determinar si había existido una “filtración” en el Servicio de Gestión Económica sobre el dato que damos de la modificación presupuestaria de incremento de la asignación a los grupos políticos. Como colofón se nos ha amenazado con eliminar la participación y representatividad de CGT en la Mesa de Negociación, pese a ser el sindicado más votado y con mayor implantación en el Parlamento de Andalucía.

5º Todas estas medidas de recortes se han implantado bajo una cortina de consenso y concertación falsa. Los políticos integrantes de la Mesa se han apoyado en el “acuerdo” con un sindicato afín y cercano a la dirección parlamentaria y con dos tránsfugas de Comisiones Obreras que se han pasado al “lado oscuro”, incumpliendo los acuerdos de la Sección Sindical de CCOO y el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones, donde los mismos que ocultaron a la Asamblea la existencia de un preacuerdo con la dirección y que abandonaron la misma porque se pidió el voto para aprobar o rechazar los recortes, se comprometían a “potenciar el empleo de la democracia directa en las decisiones del Consejo” y mantenían que “la transparencia es básica. Consideramos fundamental establecer canales de comunicación públicos con el personal de la casa”. Para que no haya lugar a dudas, estos recortes se han adoptado con la oposición de las Secciones Sindicales de CGT y CCOO, que representan más del 70,47% de los votos y contra la voluntad de la Asamblea General de los trabajadores del Parlamento de Andalucía.

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