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CGT Ayuntamiento de Madrid

La que se avecina

No a la Reforma de la Administración Local

Miércoles 25 de septiembre de 2013, por fetap

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Desmontando las Excusas:

La reforma pirata del artículo 135 de la Constitución, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. Sin embargo, la Administración Local objeto de esta reforma es la única que ha reducido su nivel de endeudamiento en los últimos dos trimestres lo que sitúa su deuda en el 4% del PIB según datos publicados por el Banco de España, muy lejos del 17,6% de las Comunidades Autónomas, o el tremendo boquete del 72,3% de la Administración Central.

El propósito de la reforma no es clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las otras Administraciones sino favorecer la iniciativa económica privada, entregando los servicios públicos a manos de sus amigotes.

Busca también un lavado de cara de la casta política, mediante una “simulación” en la reducción del número de concejales, en el caso de nuestro Ayuntamiento 57, según la ley electoral, que no se modifica, pero si se obligara a que sólo 45 de ellos puedan cobrar su sueldo con dedicación completa. El resto se dedicaran a otras tareas, y complementaran su salario con dietas por asistencia a plenos, etc. Tampoco afectara al número Carromeros (asesores eventuales) nombrados a dedo, un 0.7% de la plantilla con un coste anual aproximado de 12 M de euros de dinero público.

Las Consecuencias:

La eliminación de competencias municipales en educación, salud, consumo, promoción de la mujer y especialmente servicios sociales. El gasto social en el año 2012 fue de 386 M de euros, tres veces menos que el dinero empleado en el pago de la deuda 992 M de euros, el 23% del gasto total del consistorio. Más de 50.000 personas reciben ayuda a domicilio y 137.000 cuentan con teleasistencia.

Todas las entidades locales calcularán un coste efectivo de los servicios y los que no resulten “rentables” se privatizaran o simplemente se dejarán de prestar.

Tras una evaluación exclusivamente económica se realizaran “planes de ajuste” de los servicios que sean necesarios. Los servicios que las Administraciones no puedan asumir serán desmantelados y sus trabajadores despedidos. Sabemos que afectaran a interinos y laborales pero los funcionarios podrían pasar a una situación de expectativa de destino primero y luego a una excedencia forzosa.

La inclusión vía Presupuestos Generales del Estado de una horquilla determinada cada año de máximos y mínimos para todos los conceptos retributivos que pueda percibir el personal al servicio de las entidades locales. Lo que va a producir una reducción salarial con la pretensión de homogeneizar las retribuciones de los empleados públicos municipales, con vistas a que se vayan “acortando diferencias” y facilitar su movilidad de una a otra Administración Pública. Se pondrá en marcha la transferencia de medios personales, el personal será adscrito a la Administración que pase a asumir la competencia y para que esto tenga lugar, pudiendo integrarse en la Administración “superior” de destino el personal procedente de Ayuntamientos (El malvado Beteta). Afectara seguramente al complemento específico.

Está por ver que esto sea factible jurídicamente sin pisotear de nuevo derechos consolidados aunque el gobierno no se canse de pregonar el respaldo constitucional a la ley.

En resumen, nos encontramos ante una agresión sin precedentes contra el municipalismo, curiosamente la administración más cercana y más en contacto con los ciudadanos, la imposición de nuevos recortes sociales, un intento de coartar la democracia local y vecinal, bloqueando las nuevas experiencias de organización de origen ciudadano, poniendo lo público al servicio de intereses especulativos y aumento del control de los partidos políticos sobre los municipios. Nuevos recortes salariales y el despido de miles de compañeras y compañeros. La aniquilación de lo público , de los servicios esenciales para una población cada vez más desprotegida ante los abusos de los políticos, empresarios y banqueros. Y el continuismo de los privilegios económicos , laborales y jurídicos de los cargos “electos”, asesores y demás yerbas.

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