Dirección: C/ Alenza, 13, 6ª planta — 28003 Madrid
Teléfono: 61 601 26 28
email: cgtfetap@gmail.com
>>> WEB ANTEROR

Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas - CGT

Portada > Noticias > La privatización del Polideportivo Los Rosales. Un proceso lleno de dudas (...)

CGT Ayuntamiento de Mostoles

La privatización del Polideportivo Los Rosales. Un proceso lleno de dudas sobre su legalidad

Martes 1 de octubre de 2013, por fetap

 Versión para imprimir de este documento  Enviar la referencia de este documento por email

Patrimonio del municipio privatizado a precio de saldo

El artículo 1 del Pliego de Prescripciones Económico Administrativas del concurso para la privatización del Polideportivo Los Rosales, por el que se define el objeto del contrato, establece que el contrato de cesión de las instalaciones y la prestación de servicios deportivos en las mismas se rige por el derecho privado, lo cual atenta directamente contra la doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo.  [1]

El Instituto Municipal del Suelo (IMS) es una empresa mercantil pública con capacidad para vender patrimonio, estando sujetas tales ventas al Derecho Privado siempre y cuando la venta no implique prestar un servicio público (1) competencia de la Administración. En el caso del Polideportivo Los Rosales el Ayuntamiento de Móstoles, a través del IMS, cede las instalaciones a una empresa privada y junto a las instalaciones, la organización y realización de actividades deportivas en las mismas. Establecer por tanto como marco de las relaciones jurídicas entre el ayuntamiento y la empresa beneficiaria de este contrato el derecho común, significa renunciar a la protección especial que brinda el derecho administrativo en la defensa de los intereses públicos. El contrato que se firme en tales condiciones parte ya de una situación viciada y al margen de la legalidad.

En el mismo pliego de privatización se establecen dos elementos más que faltan a la verdad, ya que el IMS declara verse obligado a “enajenar” (privatizar) las instalaciones al no contar ni con personal ni con medios para explotar las instalaciones… ¿y cómo se han estado gestionando hasta hoy día tras 10 años de funcionamiento ininterrumpido?. La respuesta es simple. El servicio ha sido prestado por quien tiene competencias en materia deportiva: el Ayuntamiento de Móstoles.

Esta respuesta nos lleva a una nueva irregularidad en todo el proceso, ya que el Instituto Municipal del Suelo se declara legitimado para vigilar que la prestación del servicio deportivo se realice adecuadamente por la empresa que se quede con la instalación y el servicio deportivo. El Instituto Municipal del Suelo, por su naturaleza y por sus fines, no tiene como objeto la prestación de ningún servicio público al ciudadano, por lo que en absoluto está legitimado ni capacitado para ejercer el control y vigilancia sobre la actividad deportiva que se desarrolle en esta instalación. Con esta disposición el gobierno del Partido Popular está impidiendo - probablemente de modo premeditado -que la administración local vigile que el servicio se presta adecuadamente a los vecinos.

¿Reporta beneficios económicos al municipio esta privatización?

Así lo declara la corporación al iniciar el proceso de cesión de esta instalación durante los próximos 25 años a una empresa privada, pero el mejor sistema para evaluar los posibles beneficios o perjuicios económicos es examinando las cifras de la operación.

La cesión se hace por un canon total (cantidad a pagar por la empresa al ayuntamiento) de 1.177.679,01 €. Esta cantidad será pagada en plazos anuales con un curioso plan de pagos. Los cinco primeros años la empresa no tiene que pagar nada, salvo un canon inicial de 60.000 €. Se supone que durante esos cinco años han de acometer reformas en la instalación por un valor mínimo de 700.000 €, o lo que es lo mismo, invertir 140.000 € al año en obras y equipamiento. A partir del quinto año de cesión, la empresa pagará un canon anual de explotación durante un total de 20 años que comienza por 46.000 € al año y acaba incrementándose a 67.000 € en el año 2038.

Estas cifras significan un alquiler mensual inicial de 3.833 € por una edificación de 20.000 metros cuadrados, con dos piscinas, 4 pistas de tenis, 4 pistas de pádel, 1 pista polideportivo exterior, 4 pistas de trinquete, un solarium, un parque infantil, un skatepark, un rocódromo, un gimnasio independiente, 1 cafeteria, 1 terraza de cafetería, 1 sala de fitness, 4 salas de gimnasia, un pabellón multiusos cubierto, locales de asociaciones, múltiples vestuarios, baños y almacenes… todo por 3.833 € al mes. Difícil encontrar un chollo parecido en el mercado inmobiliario.

Por tan exigua cifra se entrega a la especulación privada una instalación que hace diez años le costó al pueblo de Móstoles 10.651.335,98 € y en la que actualmente el Ayuntamiento de Móstoles recauda en concepto de tasas por actividades deportivas una cantidad trimestral que prácticamente dobla lo que va a ingresar anualmente en concepto de canon tras su privatización. A la vista de estos datos parece que el beneficio económico para el municipio no es el motivo de la operación, sino que, más bien al contrario se causa un grave perjuicio económico a la ciudad.

¿Mejora la gestión del servicio tras la privatización?

A día de hoy hay una lista de espera de vecinos y vecinas que quieren realizar actividades deportivas en Los Rosales de más de 1.000 personas. Pese a existir esta lista de espera tan abultada, desde la concejalía de Deportes no se están cubriendo las plazas libres en actividades, lo que apunta a que se están vaciando intencionadamente las distintas actividades deportivas para justificar la eliminación de las mismas y poder argumentar la “necesidad” de privatizar para “adecuar la estructura a la demanda real” frase que repite mucho últimamente el alcalde Daniel Ortiz.

Obviamente la gestión siempre es susceptible de mejora, comenzando por atender a las personas que están esperando una plaza deportiva y no se les oferta pese a tener vacantes.

Otra posible mejora en la gestión es la reducción de altos cargos en la concejalía de Deportes, donde a un Director de Deportes se suma un Coordinador de Deportes – con intereses empresariales directos en la concejalía y vínculos con imputados en la trama Gürtel, como denunciábamos en el número 8 de Voces de Pradillo,– tambien hay un Coordinador de Polideportivos, Coordinadores de instalaciones, una Oficina de Coordinación y Planificación con otra coordinadora coordinándola… demasiados cargos de confianza para una concejalía y demasiada gente coordinando una concejalía cada vez más reducida en el número de trabajadores y trabajadoras trabajando en contacto con los usuarios.

Empresas que se han presentado a esta privatización.

De las dos empresas que se han presentado al consurso, Adip Los Rosales S.L y Carpa Servicios y Conservación S.L, destaca especialmente esta última, que, bajo distintas denominaciones, está copando las privatizaciones de polideportivos municipales en los municipios madrileños. Ya se ha hecho con las instalaciones y gestión del Centro Deportivo Municipal El Plantío, de Coslada; el Centro Deportivo Municipal Forus Parla, la piscina de agua salada, el solarium y dos campos de fútbol en Parla; un polideportivo de Chamartin, en Madrid y acaba de recibir otro polideportivo en Getafe.

Esta empresa es parte de un espeso entramado empresarial que gira en torno a una persona: Ignacio Triana Gracián, que fue apoderado de la empresa SUFI S.A hasta el año 2010, una empresa vinculada con la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP. Durante la permanencia de Ignacio Triana Gracian en la dirección de SUFI S.A en calidad de apoderado, esta empresa pagó comisiones ilegales al Partido Popular por la adjudicación de contratos públicos, por ejemplo 200.000 € en el año 2007 a cambio del contrato de limpieza de la ciudad de Toledo, tal y como ha confirmado el propio Ayuntamiento de Toledo.

En abril de 2010 Ignacio Triana Gracian abandona formalmente la dirección de SUFI S.A y decide iniciar una carrera meteórica en el mundo de las privatizaciones de instalaciones deportivas públicas, que estrena en el municipio de Parla y donde curiosamente aparece la primera denuncia pública que se formula en torno a su persona de manos del diario conservador La Razón , que en su edición del 16 de diciembre de 2010, relataba el proceso por el que el gobierno del PSOE en Parla adjudicaba a Carpa Servicios y Conservación S.L los polideportivos de la localidad para que los explotase en su beneficio durante 40 años a cambio de un canon mensual aún más reducido que el que ahora pretende recaudar el gobierno de Daniel Ortiz.

En Parla la “cesión” de las instalaciones deportivas ha conllevado un grave deterioro de las mismas, continuos cortes de luz por impago, teniendo que asumir los recibos pendientes el ayuntamiento de Parla y eso que una de las obligaciones que tenía Carpa Servicios y Conservación S.L. según el pliego de condiciones era asumir los contratos de agua, gas y luz, cosa que aún no ha hecho a día de hoy, tres años después de firmar el contrato. Es de reseñar que en Móstoles también tiene la obligación de subrogarse en los gastos de agua, luz y gas – uno de los motivos esgrimidos por el ayuntamiento es precisamente el alto coste de estos suministros - ¿ocurriría lo mismo que está ocurriendo en Parla si, como parece más que probable, se le adjudica el polideportivo Los Rosales?.

A partir de abril de 2010 y tras su triunfal entrada en Parla, el negocio de este prolífico empresario se ha ensanchado considerablemente, creciendo a costa de instalaciones públicas de Coslada, Madrid, Fuenlabrada y Getafe y, con casi total seguridad, en breve crecerá aún más con el polideportivo Los Rosales en Móstoles. Todo un ejemplo de cómo con tan sólo 3.000 € que le costó inscribir su primera empresa diez días antes de tener su primer polideportivo, se puede llegar muy lejos con los contactos necesarios. A esto algunos le llaman “emprender”.

Notas

[1] Doctrina del Consejo de Estado

El Dictamen de 27 de julio de 1994 mantiene que “una consolidada jurisprudencia ha atribuido naturaleza administrativa a los contratos de enajenaciones de bienes patrimoniales municipales, cuando mediante enajenación se pretende cumplir una finalidad pública dentro de la competencia singular de la Administración (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 4ª, 13 de noviembre de 1972), y este elemento finalista al configurarse como causa del contrato tiñe a éste de naturaleza administrativa (S. Tribunal Supremo, sala 3º 11 de diciembre de 1978)., elemento finalista que también se aprecia para calificar al contrato como administrativo en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 1993, sala 4ª, en cuanto excluye que puedan calificarse como contratos civiles cuando pretenden o tienen una finalidad directa e inmediata conectada a objetivo de interés público”

Escribe tu comentario


moderado a priori

Este foro está moderado a priori: tu contribución no aparecerá hasta haber sido validada por la administración del sitio.

Texto
¿Quién eres? (opcional)
  • [Conectarse]


SPIP | | Mapa del sitio | Seguir la vida del sitio RSS 2.0

Adaptación de José Luis Murillo García de la versión para Zspip realizada por Valéry-Xavier Lentz del tema Welsh-2-0 de Kozlika bajo Licencia GPL