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La policía acude a una empresa pública para investigar la gestión de Cotino

Martes 17 de junio de 2014, por fetap

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Agentes del Cuerpo Nacional de Policía acudieron el pasado lunes a una empresa de la Generalitat, Vaersa, para pedir información y documentación sobre la gestión de Juan Cotino. Concretamente, sobre la compra de 65 vehículos todoterreno, sin concurso público, a empresas vinculadas con la trama Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción decidió abrir una investigación tras la denuncia del sindicato CGT, que cree ilegal la adjudicación a dedo y su partición en siete contratos menores para, supuestamente, eludir las obligaciones y los controles que Cotino, entonces conseller de Medio Ambiente, debía respetar.

Isabel Bonig, ahora al frente de ese departamento, ha reconocido en las Corts Valencianes la investigación judicial y policial, pero le ha quitado hierro. “Serán los tribunales los que decidan que quizá puede que haya habido incumplimiento en la ley de contratos, pero eso no supone que haya responsabilidad penal, prevaricación, corrupción o cohecho”, aseguró.

Lluís Torró, el diputado de EU que le interpeló sobre el asunto, piensa de otra manera. “Es especialmente odioso que se dedique dinero a la compra de vehículos cuando se recorta el servicio” en Vaersa, una empresa dedicada a la protección del medio ambiente. “Pido un proceso de depuración de responsabilidades políticas”, añadió Torró.

1,5 millones, 65 coches, 7 contratos

CGT denunció que Vaersa compró o arrendó 65 vehículos por 1.5 millones a través de 7 contratos menores. Se eludió la obligación, según el sindicato, de publicar la operación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Vaersa también adquirió en 2010 otros coches por importe de 70.000 euros y accesorios por 90.000 euros. Igualmente se gastó en alquiler de todoterreno otros 800.000 euros. En los dos casos, sin concurso público ni siquiera contrato. Una de las empresas que participó en la primera de las operaciones fue un concesionario de coches relacionado, según la policía, con la trama Gürtel.

Sociedad intermediaria de la red

British Car, el proveedor de los 65 coches que costaron 1.5 millones, es una empresa del mismo grupo que Imperauto, una sociedad, según la policía, intermediaria de la trama Gürtel. A través de ella se le habría regalado un coche, por ejemplo, a Pedro García, el exdirector de RTVV acusado de embolsarse medio millón de euros con la visita del Papa y poseer el 20% de una empresa de la trama Gürtel.

Cotino, máximo responsable y presidente de Vaersa en su condición de conseller en aquella época, también ha sido vinculado con Gürtel, aunque él lo niega y se ha ofrecido a declarar voluntariamente. Aún no lo ha hecho.

http://www.eldiario.es/cv/policia-e…

El Consell suplanta a los funcionarios en los controles de impacto ambiental El TSJ ordena que el personal de Vaersa deje de redactar las declaraciones

El Consell ha estado suplantando “de facto”, en el departamento de Medio Ambiente, a los funcionarios responsables por personal de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA) en “el ejercicio de las potestades en materia de control y decisión sobre la adecuación medioambiental de los proyectos que le son sometidos a informe”. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), fechada el pasado día 6 de junio, así lo establece en respuesta a un recurso del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) en colaboración con Intersindical Valenciana.

La sentencia, de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJCV, señala que se ha producido una “vía de hecho” por la que empleados de Vaersa, cuyo cometido no puede sobrepasar el de “emitir determinados informes técnicos”, han “asumido la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente” a las declaraciones de impacto ambiental preceptivas en toda obra pública o proyecto urbanístico.

La “vía de hecho” es un cocepto jurídico que describe cuándo la Administración permite que actúe un “órgano manifiestamente incompetente” o prescinde por completo del procedimiento. También, según recoge la sentencia en sus fundamentos jurídicos, describe “una actuación material de la Administración desprovista de la cobertura del acto legitimador o con graves vicios que supongan su nulidad radical o de pleno derecho”.

La empresa pública se excede en sus funciones de carácter técnico

El recurso de CGT y la Intersindical Valenciana dio pie a una serie de pruebas testificales de empleados de Vaersa y de la propia Consejería de Medio Ambiente, hoy Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y documentales, a partir de la revisión de diversos expedientes de declaración de impacto ambiental. La sentencia recuerda que Vaersa, como empresa pública 100% propiedad de la Generalitat, tiene la consideración de “medio propio instrumental y servicio técnico” de la Administración autonómica, que le hace encomiendas. Una de ellas, de diciembre de 2007, consistía en la “realización de estudios de impacto ambiental, ejecución de los mismos y vigilancia de las medidas correctoras o del condicionado ambiental”. El alcance de los trabajos, según la orden que reguló ese encargo, era exclusivamente técnico y nunca formaría parte “estrictamente del procedimiento administrativo”.

El TSJCV, constata, tras revisar los testimonios y los documentos, que entre los informes redactados por los técnicos de Vaersa y las declaraciones de impacto ambiental finalmente emitidas por la Generalitat “existe una sistemática y absoluta similitud de contenidos, fechas y formatos, solo desvirtuada ocasionalmente, así como una redacción unitaria de tales documentos por parte de quienes, teniendo solo el cometido de emitir determinados informes técnicos, habrían asumido sin embargo la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”.

Por eso concluye que “las tareas llevadas a cabo por el personal de Vaersa, efectivamente, exceden de las expresamente recogidas” en la orden de 2007. Pero no solo eso, sino que además, el personal de Vaersa ha suplantado potestades que solo corresponden a funcionarios de la Generalitat. En consecuencia, la sentencia, que desestima el reconocimiento de indemnización alguna, porque no considera al sindicato recurrente legitimado para reclamarla, estima, en cambio, la pretensión fundamental del recurso y ordena a Vaersa y a la Administración autonómica “el cese inmediato de dicha vía de hecho”. Contra la sentencia cabe recurso de casación.

CGT denuncia que se buscan resoluciones “a la medida de los intereses políticos”

CGT ha anunciado, tras conocer el fallo judicial, la adopción de “medidas legales contundentes” para exigir “por todos los medios” el cese de estas “actuaciones ilegales”, así como “responsabilidades de toda naturaleza a las autoridades y funcionarios que han implantado estos procedimientos, que han perseguido apartar al personal funcionario de sus funciones legales y constitucionales, con el fin de obtener resoluciones administrativas a la medida de los intereses políticos del gobernante”.

El sindicato destaca que las potestades que la ley otorga a los funcionarios son un “mecanismo de garantía de objetividad, imparcialidad, independencia y sometimiento al principio de legalidad en la gestión de lo público” y añade que la Generalitat “ha recurrido a Vaersa para ejercer funciones en otras áreas competenciales de la consejería, de especial trascendencia para los intereses públicos, como la instrucción y resolución de procedimientos sancionadores, tramitación de autorizaciones ambientales integradas, procedimientos urbanísticos, gestión de residuos, elaboración de normativa, etc., lo cual es extraordinariamente grave”. Y considera que pueden haberse cometido delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y usurpación de funciones públicas.

Por otra parte, CGT apunta que estudia instar de oficio la revisión de todas aquellas declaraciones de impacto ambiental “en las que se ha instruido y resuelto el procedimiento administrativo de evaluación de impacto por personal de Vaersa, por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho”. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06…

CGT apunta a Avapsa y Tragsa tras el fallo de Vaersa por suplantar a funcionarios Son empresas públicas que actúan de forma similar a la que el TSJ ha ordenado que cese en Medio Ambiente

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ordena a la Generalitat que cese de inmediato en la “vía de hecho” por la que personal de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA) suplanta las potestades de los funcionarios en la redacción de las declaraciones de impacto ambiental, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que promovió el recurso en colaboración con Intersindical Valenciana, apunta a otras empresas públicas que actúan de forma similar. Concretamente, se trata de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, SA (Avapsa), que interviene en la evaluación de personas en situación de dependencia, y de la Empresa de Transformación Agraria, SA (Tragsa), en este caso estatal, que actúa en cuestiones de medio ambiente.

“CGT advierte de que iniciará las acciones legales oportunas en otras consejerías donde se ha abusado y se está abusando del mecanismo de encomienda de gestión a empresas públicas, como pueda ser el caso de Avapsa en la Consejería de Bienestar Social o Tragsa en la Consejería de Gobernación y la de Agricultura”, señala el sindicato.

Por lo que se refiere a la sentencia sobre la intervención de Vaersa en la redacción de declaraciones de impacto ambiental, CGT asegura haberse puesto en contacto con “organizaciones ecologistas y otras entidades afectadas”, a fin de iniciar el estudio de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y que fueron autorizados pero en los que “existen sospechas de que las declaraciones fueron realizadas a la medida de promotores afines al PP”. La CGT cita las declaraciones de impacto del proyecto Sociópolis, impulsado en su día por Rafael Blasco, hoy condenado a ocho años de cárcel por el fraude de las ayudas de Cooperación; la revisión del Plan General de Alicante, bajo investigación judicial; la urbanización del complejo Marina d’Or en Oropesa; el programa de actuación integrada (PAI) de Porxinos en Riba-roja y el aeropuerto de Castellón.

Además, CGT ha decidido denunciar ante el Tribunal de Cuentas la actuación de Vaersa en las declaraciones de impacto ambiental porque “ha producido un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública de la Generalitat”. El sindicato considera que poner a disposición de la consejería los trabajadores de Vaersa “supone un coste mayor que el de los puestos funcionariales necesarios para ejercer las funciones, que debieron haberse creado en lugar de utilizar este subterfugio que finalmente el TSJ ha tumbado”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06…

http://www.cgtvalencia.org/

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