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INFORME SOBRE LAS NUEVAS TASAS JUDICIALES

CAES (Iguala STAP Madrid)

Sábado 16 de marzo de 2013, por fetap

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INFORME SOBRE LAS NUEVAS TASAS JUDICIALES

La Ley 10/2012 por la que se regulan las nuevas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, entró en vigor el pasado 22 de noviembre de 2012. Sin embargo, debido a la celeridad de la de la norma, hasta el pasado 17 de Diciembre no pudo comenzar a aplicarse.

Ante la actitud de rechazo de toda la Administración de Justicia y las recomendaciones del Defensor del Pueblo, el pasado 23 de febrero, el Ministerio de Justicia se vio obligado a modificar algunos aspectos de la norma mediante el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita:

-PAGO DE LA TASA. Entre los aspectos más relevantes, cabe destacar la obligación de pagar la tasas con carácter previo a la presentación del escrito procesal, con arreglo al modelo oficial debidamente validado. El justificante de pago de la tasa deberá acompañarse a todo escrito procesal, así está contemplado en el artículo 3 de la Orden Ministerial publicada el 15 de diciembre de 2012.

En cuanto a la forma de presentación, deberán cumplimentarse los modelos 695 y 696.

-HECHO IMPONIBLE DE LA TASA. Según el artículo 2 de la Ley 10/2012, constituye el hecho imponible de la tasas el ejercicio de la potestad jurisdiccional originada por el ejercicio de los siguientes actos procesales: demandas de toda clase de procedimientos declarativos en el orden civil, la interposición de recursos contenciosos administrativo; la formulación de reconvención; la solicitud de concurso necesario; la interposición de recursos de apelación y casación en el orden civil y contencioso, o de recurso de suplicación o casación en el orden social.

-EXENCIONES. Las exenciones objetivas de la tasa están constituidas por:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.

b)La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

c)La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d)La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e)La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f)La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

g)La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

h)Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.

i)Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva

Desde el punto de vista subjetivo, están, en todo caso, exentos de esta tasa:

a)Las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, acreditando que cumplen los requisitos para ello de acuerdo con su normativa reguladora.

b)El Ministerio Fiscal.

c)La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

d)Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

EN EL ORDEN SOCIAL, los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de suplicación y casación

EN EL ORDEN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, los funcionarios públicos cuando actúen en defensa de sus derechos estatutarios tendrán una exención del 60 por ciento en la cuantía de la tasa que les corresponda por la interposición de los recursos de apelación y casación.

-DEVENGO DE LA TASA.

En el orden contencioso-administrativo, el devengo de la tasa se produce en los siguientes momentos procesales: a) Interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañada o no de la formulación de demanda.

b) Interposición del recurso de apelación.

c) Interposición del recurso de casación.

En el orden social, el devengo de la tasa se produce en el momento de la interposición del recurso de suplicación o de casación.

-BASE IMPONIBLE.

La base imponible de la tasa coincide con la cuantía del procedimiento judicial o recurso, determinada con arreglo a las normas procesales.

Los procedimientos de cuantía indeterminada o aquellos en los que resulte imposible su determinación de acuerdo con las normas de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se valorarán en dieciocho mil euros de cuantía a los solos efectos de establecer la base imponible de esta tasa. Se considerarán, a efectos de la determinación de la base imponible, como procedimientos de cuantía indeterminada los procesos regulados en el capítulo IV del título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exentos del abono de la tasa.

En los supuestos de acumulación de acciones o en los casos en que se reclamen distintas pretensiones en una misma demanda, reconvención o interposición de recurso, para el cálculo de la tasa se tendrá en cuenta la suma de las cuantías correspondientes a las pretensiones ejercitadas o las distintas acciones acumuladas. En el caso de que alguna de las pretensiones o acciones acumuladas no fuera susceptible de valoración económica, se aplicará a ésta la regla señalada en el apartado.

-DETERMINACION DE LA CUOTA TRIBUTARIA.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Abreviado: 200 €

Ordinario: 350 €

Apelación: 800 €

Casación: 1.200 €

Cuando el recurso contencioso-administrativo tenga por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa, incluida la cantidad variable que prevé el apartado siguiente, no podrá exceder del 50 por ciento del importe de la sanción económica impuesta.

En el orden social:

Suplicación: 500 €

Casación: 700 €

Además, se satisfará la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior el tipo de gravamen que corresponda, según la siguiente escala:

De 0 € a 1.000.000 € tipo 0,5 máximo variable 10.000 €

Resto tipo 0,25

Cuando el sujeto pasivo sea persona jurídica se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior, el tipo de gravamen que corresponda, según la escala.

Cuando el sujeto pasivo sea persona física ( trabajadora/or ) se satisfará, además, la cantidad que resulte de aplicar a la base imponible de la tasa un tipo del 0,10 por ciento con el límite de cuantía variable de 2.000 euros.

-DEVOLUCION. Se efectuará una devolución del 60 por ciento del importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará lugar al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.

Esta devolución también será aplicable en aquellos supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante.

Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.

-ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A fin de evitar la interposición de la tasa, podrá solicitarse asistencia jurídica gratuita en el ICAM (C/ Serrano nº 11) siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos para el acceso a la misma que tras el RD de 23 de febrero pasan a ser:

1. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

a) Dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.

b) Dos veces y media el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.

c) El triple de dicho indicador cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros.

2. Constituyen modalidades de unidad familiar:

a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.

b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

3. Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

4. El derecho a la asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado.

Además, en determinados casos hay una serie de supuestos especiales a los que se les reconoce de forma automática la asistencia jurídica gratuita (violencia de género, accidentes de tráfico, etc..)

NOTAS:

1.- IPREM.

Para el año 2013, el IPREM tiene las siguientes cuantías:

Día: 17,75 euros

Mes: 532, 51 euros

Año (12 pagas): 6390,13 euros

Año (14 pagas): 7455 euros.

2.- POSTULACION PROCESAL PARA FUNCIONARIOS.

De acuerdo con la Disposición final segunda. Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, queda derogado el apartado 3 del artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Anteriormente ese apartado 3 decía lo siguiente:

"3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles"

Por lo tanto, tras la Ley de Tasas, el artículo 23 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa, queda redactado de la forma siguiente: "Artículo 23.

1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado.

Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones.

2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado."

Y la Disposición transitoria primera, sobre Postulación de los funcionarios públicos, también señala que “ En los procesos contencioso-administrativos que se refieran a cuestiones de personal que no impliquen su separación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no se exigirá la postulación de los funcionarios públicos."

La Disposición final cuarta, por último establece la devolución del exceso de retención como consecuencia de la retirada de la paga extra de navidad.

Por lo tanto, hemos de entender que:

1.- Cuando el funcionario reclama ante un órgano unipersonal (es decir, un Juzgado de lo Contencioso Administrativo) puede ir con Procurador pero está obligado a ser asistido de Abogado.

2.- Cuando se reclame ante un órgano colegiado (Tribunal Superior de Justicia sala de lo Contencioso Administrativo) se debe ir con Procurador y también asistido por Abogado.

12 marzo 2013.

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