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El expolio de los derechos de las y los empleados públicos

Martes 26 de mayo de 2015, por fetap

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En un país donde desde hace años no existe una economía productiva si no especulativa, donde sólo se fabrica humo y donde no han llegado más que grupos especuladores y no inversores, sólo queda una forma de enriquecerse: convertir en un negocio la Administración pública.

El negocio es sencillo y altamente lucrativo, hay que conseguir hacer amistad con la clase política y “convencerla”, para que decida que un servicio desarrollado directamente por la Administración ha de ser realizado por la “empresa” que se va a crear a tal efecto. Logrado esto, su futuro está resuelto, sólo es necesario contratar una pequeña plantilla, poco importan sus cualificaciones, lo relevante es que acepte unas condiciones laborales más que precarias. La inversión, la mínima, algún ordenador y poco más, el resto: oficinas, calefacción, fotocopiadora…, correrá por cuenta de la Administración.

Conclusión, el empresariado realiza una mínima inversión y obtiene unos grandes beneficios, por realizar unos cometidos que realizaba la Administración, no reduciendo ésta sus costes, dado que pone los medios y las instalaciones a las empresas externas y tiene que seguir pagando a las y los empleados públicos que se quedarán sin funciones o se les trasladará a otras dependencias.

Pero esta idea no es nueva, su germen data de los años 90. El gobierno socialista ideó el plan de desmantelamiento del sector público y su primer fase se inició con la Ley General de Sanidad y poco más tarde con la famosa “tasa de reposición”. Posteriormente llego el EBEP, por cierto, guardado en un cajón desde el año 97 hasta que cumplió las expectativas de los sindicatos con capacidad negociadora.

Fue, incluso mucho antes de la publicación de EBEP, cuando se empezaron a modificar normas nacionales y autonómicas que permitían a las Administraciones aplicarlas en base a sus intereses amiguistas. Esto se hizo de modo soterrado mediante modificaciones, leyes de acompañamiento….

Ahora bien, para poder materializar semejante aberración es necesario, primero, desprestigiar al personal funcionario, al estatutario y al laboral, valiéndose, para ello, de sus acólitos medios de difusión (no de comunicación), que por cierto reciben de las arcas públicas, al menos, 360 millones de euros (59.900.000.000 de las antiguas pesetas). Son utilizados para difamar y desprestigiar a las y los empleados públicos, vociferando que son unos vagos, que no producen y que en consecuencia sobran la mitad. Quienes realizan estas afirmaciones incluyen en la categoría de "empleados públicos" a quien no lo son. No tienen la condición de tal:

• Las miles de amistades que obtienen su salario, en la mayoría de los casos muy superior al de los empleados públicos se su misma categoría, a través de fundaciones, empresas públicas, observatorios,…, toda esta Administración B o paralela se gestiona con dinero público, donde el control del gasto es casi inexistente.

• Tampoco los miles de asesores que crecen como setas, por todas las dependencias de la Administración, todas y todos colocados "a dedo” por los órganos del partido gobernante, ahí está la familia, los amigos, la afiliación…, personas que han accedido a la Administración sin cumplir los principios constitucionales de igualdad, capacidad y merito, que sí se exigen al resto de la sociedad.

En los últimos años se está produciendo un desmantelamiento masivo de la Administración pública. Muchas competencias públicas se externalizan a empresas públicas o a empresas privadas, los servicios públicos pasan a manos de éstas y la ciudadanía pasa de ser usuaria a ser cliente, los servicios se degradan siendo más: costosos, deficientes y parciales. Los Servicios de Sanidad, Educación, Medio Ambiente, Agricultura, Fomento, son las áreas donde operan estas empresas parásitas de la Administración y donde obtienen los mayores beneficios a costa del erario público.

Todo lo antes expuesto, aderezado con una horda de quiescentes, cómplices por omisión, que se autodenominan defensores de la clase trabajadora: las centrales sindicales mayoritarias. Representantes que durante años básicamente no les importó más que administrar el plan de pensiones de la Administración del Estado, no perder representación en las Cajas, apañar un sinfín de cursos de formación y finalmente perder el menor número de delegados sindicales.

Los atropellos más recientes, que todos conocemos, han consistido en unas medidas ineficaces y que lo único que buscan es obtener réditos electorales, no resolviendo eso que ellos llaman la “crisis” y que realmente es un fraude a la ciudadanía:

• Aumento de la jornada laboral en 30 minutos diarios.

• Eliminación de parte de los días por asuntos propios. Conviene recordar que estos días se habían conseguido tras distintas negociaciones de la parte sindical con la Administración del Estado, tras la pérdida de poder adquisitivo al no incrementarse las retribuciones en igual porcentaje que el Índice de precios al consumo en diferentes años.

• Reducción de las percepciones en caso de incapacidad laboral temporal en un 50%.

• Pérdida de una paga extra de diciembre de 2012, salvo los 44 días que nos han tenido que devolver y no por iniciativa propia sino por las innumerables sentencias favorables a la parte trabajadora.

• La reducción del 5% de la nómina, en el año 2011, que con las reiteradas congelaciones y las desviaciones del IPC, al carecer de cláusula de revisión salarial, hace que el poder adquisitivo del colectivo sea bastante precario. Sumados esos factores arrojan casi un 30% en los últimos 10 años; pero si nos retrotraemos a principios de los años 90, el porcentaje llega al 49%.

Pero tal vez lo más lesivo sea lo relacionado con la provisión de puestos de trabajo, dado que el personal por oposición pierde el derecho a su carrera profesional y la conciliación de su vida familiar:

• Hace ya años se modificó la norma reguladora que antes obligaba a que las ofertas de empleo público fueran anuales. Desapareció la palabra “anual” y ahora la oferta es discrecional.

• Los concursos de méritos se eternizan, provocando un reguero interminable de concesiones de comisiones de servicio.

• Hay cuerpos y colectivos que llevan casi una década sin tener concursos de traslados, donde puestos de Jefatura de Área, de Sección o asesoramiento están ocupados mediante comisión de servicio, privando al resto de la plantilla de su carrera profesional y de la necesaria conciliación de la vida familiar.

• Esas comisiones de servicio se conceden, en muchos casos, de forma caprichosa: afinidad política, amiguismo, lazos familiares, todo lo opuesto al reconocimiento de la capacidad y el mérito. La trasparencia brilla por su ausencia.

• Otra figura que ha despuntado con fuerza es la Libre Designación. Donde algunas personas afortunadas trepan en el escalafón de la Administración gracias a estos puestos muy bien retribuidos. Simplemente tienen que ser próximas al partido gobernante, sumisas a sus superiores y poseer unas cualidades concretas, tales como ser: ciegas, mudas y sordas. Aquí es donde se cimienta la corrupción en la Administración.

• Sobre este personal también recae la mayoría de las gratificaciones, retribuciones totalmente opacas y que en los años 2010 y 2011 supusieron más de 6 millones de euros en Castilla y León. Otra pérdida significativa de derechos laborales es la nueva Ley 10/2012 de Tasas judiciales:

• Ha provocado que ante cualquier discrepancia con la Administración, y una vez agotada la vía administrativa, si se decide acudir a la vía del Contencioso Administrativa, le suponga un desembolso de unos 1.000 euros, dado que ahora tiene que acudir a esa justicia con asistencia letrada y procurador.

• Esta es la gran obra del exministro Ruiz Gallardón al que, esos medios de difusión mencionados anteriormente, lo calificaban como “centrista y de consenso” y no pocos de su partido, incluso, de “rojo”. Pero la traca final de pérdidas de derechos se ha llevado a cabo con la aprobación, con carácter de urgencia, de la Ley 5/2014 de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, donde se ha sufrido un retroceso en los derechos laborales muy importante:

• Se silencia el Consejo de la Función Pública, donde están los representantes del personal, en todo lo referente a la función pública.

• Se simplifica la tramitación y descripción de las Relaciones de Puestos de Trabajo, creándose una total indefensión y falta total de transparencia.

• Se regula de modo expreso la atribución de funciones quedando al capricho, filias y fobias de la jefatura de turno la distribución de la plantilla.

• Se desarrolla la encomienda de gestión, incidiendo en una mayor privatización de servicios públicos, generando mayor gasto y peores servicios.

Puede ser anecdótico, pero es clarificador de cómo los sindicatos presentes en la reunión del Consejo de la Función Pública del día 15 de abril de 2014 se plegaron a los caprichos de la Administración al aprobar la "frustrada" Campaña de Dignificación de los Empleados Públicos. Como si las y los empleados públicos y su trabajo no fueran dignos. La que es indigna es la clase política, que llega a la Administración a medrar y a enriquecerse.

¿Y qué ha logrado la representación sindical? Sí, quienes que dicen estar detrás de las barricadas:

• ¿La recuperación de dos días por asuntos particulares? Ha sido una gracia del Sr. Montoro, para ver si el Partido Popular recupera algún voto para las próximas elecciones.

• ¿El pago de los 44 días de la paga extra del año 2012? Que ha sido motivada por el coste que suponía a la Administración las sentencias condenatorias que diferentes juzgados estaban emitiendo. Esta “crisis” no se resuelve con medidas tales como:

• El ahorro por medio de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos mientras se dilapidan cientos de millones en proyectos innecesarios.

• Manteniendo abierta la puerta de atrás, para la Administración B y las empresas privadas sigan entrando para terminar de vaciar de competencias a la Administración.

Desde este sindicato CGT seguiremos refrescando la memoria y seguiremos luchando por:

• La recuperación de todos los derechos usurpados de forma ilegítima.

• La dignificación real de los verdaderos empleados públicos, donde la ciudadanía valore su objetividad, independencia y esmero.

• El retorno de todas las competencias vendidas al mejor postor: empresas públicas, privadas, fundaciones…

• La eliminación total de personal asesor, libres designaciones…, despolitizando la carrera administrativa, siendo esta más transparente y cercana a la sociedad.

• La eliminación de toda la “Administración B” o paralela, donde la corrupción campa a sus anchas por la falta de controles efectivos.

• La total independencia de la representación sindical, no admitiendo órdenes ni prebendas de la Administración como cursos de formación, gestión de planes de pensiones…

Desde CGT queremos dejar claro que “ni consentimos ni toleramos la corrupción”.

¡¡CGT CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE LO PÚBLICO!! ¡¡DEFIENDE LO PÚBLICO, LO TUYO!!

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