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Contra la privatización del FOGASA

Viernes 31 de mayo de 2013, por fetap

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Hagamos un breve repaso a los antecedentes que han producido esta situación:

§ La reforma laboral del 2010, aprobada por el PSOE, constituye un “Fondo público de cobertura de indemnización por despido” estableciendo que corresponde al FOGASA abonar una indemnización de 8 días por año trabajado en casi todos los casos de despido, incluyendo empresas solventes o que no están en concurso, es decir, se subvenciona con dinero público el despido en la empresa privada.

§ La reforma laboral del 2012, aprobada por el PP, con su apartado de “Medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo” produce un aumento de ERES en el Estado superior al 70% (Extremadura:182%, Murcia:159%, Euskadi:126%), vulnera la negociación colectiva lo que provoca la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y que haya más de 3.000 convenios colectivos pendientes de firma (afectando a 4 millones de trabajadores). Además introduce la posibilidad de despido en el sector público, curiosamente en el que más empleo se destruye durante el último trimestre de 2012.

Con semejante panorama el FOGASA se encuentra con más de 150.000 expedientes pendientes de pago por valor de 1.700 millones de €. Su plantilla constituida por unas 400 personas ve incrementada su actividad un 500%, mientras se amortizan jubilaciones o no se cubren bajas por enfermedad. Sus letrados (cerca de 130) sólo llegan a cubrir un 30% de los procesos judiciales lo que provoca el pago de prestaciones indebidas, como declara un funcionario “en los procesos concursales hay que estar vigilantes, los administradores concursales tienden a hacer lo que interesa a los dueños porque saben que es de donde van a sacar algo. Pero es imposible, la labor de los letrados es intachable pero no dan abasto. Todos sabemos perfectamente que pagamos prestaciones que no corresponden”. Por la otra parte, los trabajadores con demoras de hasta 18 meses en el pago de sus indemnizaciones, en muchos casos en situación de precariedad (carentes de ingresos o pendientes de embargos o desahucios) que intenta ser agilizada por unos funcionarios desbordados.

El Gobierno decide actuar con eficacia y contundencia, concede una dotación al FOGASA de 843 millones de € para el año 2013, consciente de que durante el año 2012 se habían desembolsado 1.530 millones, lo que había supuesto un incremento de un 2% respecto a 2011 y superado el 22% del gasto presupuestado por el Ministerio de Hacienda. Cuando los sindicatos comunican la situación de colapso al Ministerio de Empleo se les contesta que “no hay presupuesto” (sin duda más amable que el “que se jodan”) Además como el Gobierno también tiene la certeza de que el FOGASA no funciona, entre otras cosas, por el exceso de funcionariado, decide impulsar un Plan de viabilidad que contiene dos programas, que se supone comenzarán a funcionar a partir del 15 de septiembre:

§ GRETA (Gestión y resolución de expedientes temporalmente atrasados): Se adjudica de forma “temporal y transitoria” a una empresa privada la resolución de unos 125.000 expedientes. (¿Qué pasa con la ley de protección de datos o con el procedimiento administrativo…?)

§ FONO: Adjudica de forma definitiva la atención telefónica a los beneficiarios del fondo. El Ministerio de Empleo (en la habitual línea de contradicción gubernamental) asegura que la gestión privada aminorará el fraude en las prestaciones, aunque por otro lado, desmiente que se vaya a privatizar el FOGASA.

Para elaborar un nuevo plan de funcionamiento se contrata a la consultora privada KPMG, la misma elegida para establecer un sistema de supervisión de los desempleados que perciben prestaciones. Para tranquilidad de desempleados decir que KPMG auditó las cuentas de la CAM desde 1991 sin detectar nunca ninguna irregularidad hasta su intervención por el Banco de España y la imputación de su cúpula directiva por estafa en el 2011. Aún hay más, recientemente ha sido denunciada ante el Colegio de Abogados de Madrid por haber infringido el Estatuto General de la Abogacía Española y su Código Deontológico, por el conflicto de interés que suponía ser al mismo tiempo: el encargado de decidir qué afectados por las preferentes de Bankia tenían derecho al arbitraje y el defensor de esa entidad ante los tribunales. Entre los trabajadores que tiene o ha tenido la consultora nos encontramos con Elena Pisonero Ruiz, colaboradora de la FAES y antigua Secretaría de Estado de Comercio y Turismo o Román Ceballos, conocido zaplanista y Secretario de Empleo de la Generalitat que fue cesar y fichar como director del Área Laboral. Esta consultora, a raíz del caso Bárcenas, se ha negado a realizar una auditoría externa a las cuentas del PP, claro está que razones no le faltan.

Para CGT-CAT la situación del FOGASA no pasa por privatizar y consideramos prioritario el ingreso de funcionarios y mayor crédito presupuestario, así como una profunda reestructuración del modelo político, económico y social que entre otros aspectos contemple la autogestión de las empresas por los trabajadores. Asimismo consideramos que esta situación trata de buscar a medio o largo plazo la supresión de las prestaciones públicas por desempleo y la implantación del denominado “modelo austríaco” consistente en un fondo de capitalización individualizado pagado del bolsillo de cada trabajador y que incluiría la cobertura en caso de paro, es decir, como el despido ya es prácticamente libre, ahora se pretende que resulte totalmente gratuito para el empresario y que sea cada trabajador el que pague su propio despido.

Desde CGT-CAT no nos resignamos a colocar arrodillados velas ante los “Santos patronos” para descanso de nuestra conciencia (como se recomendaba en el Telediario de TVE) sino que continuamos con el camino para ganar derechos:

¡¡¡DIGNIDAD Y LUCHA!!!

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