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Ahora les toca a los montes

Próxima privatización del P.P.: LOS CAMPOS, LOS MONTES Y LOS ANIMALES EN LIBERTAD.

Lunes 25 de marzo de 2013, por fetap

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Si lo han hecho con hospitales, centros educativos, transportes, etc., ¿por qué no con los montes? Los presupuestos de la Comunidad de Castilla La Mancha para 2013 prevén unos ingresos de 45,6 millones de euros por la venta de fincas públicas, que incluirían no solamente parcelas y fincas rústicas (con las cuales no sería posible alcanzar esa cantidad) sino también decenas de miles de hectáreas de montes catalogados como “de utilidad pública”.

Esta figura de protección fue creada en el siglo XIX precisamente para proteger los montes de las sucesivas desamortizaciones que habían sufrido, como la de Mendizábal o la de Madoz, y que habían tenido como consecuencia la deforestación y degradación de millones de hectáreas de monte. Por eso, los montes incluidos en esa categoría son legalmente “inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

¿Cómo alienar lo inalienable?

Sin embargo, a Dolores de Cospedal no se le escapa el negocio que se puede hacer con tanto terreno (171.228 hectáreas en esa Comunidad), y por eso encargó a sus Delegaciones de Medio Ambiente un informe para estudiar la privatización de algunos de esos montes (entre el 20 y el 30%, nada más), que incluyera detalles como “si había alguna construcción que pudiera servir como chalé o la posibilidad de instalar un vallado cinegético”.

Y es que la “traba” legal, como no podía ser de otra forma, solo lo es hasta cierto punto. Aunque la Comunidad no tenga competencias para cambiar la Ley de Montes (cosa que, por otra parte, el gobierno central ya está planeando), bien puede desafectar los montes que le interesen y desprotegerlos aduciendo que han perdido las características naturales que tenían.

De hecho, este proceso de eliminar trabas y crear las condiciones propicias para la venta viene de más atrás y ha ido gestándose poco a poco, con pequeños cambios legales de aquí y de allá que iban en el mismo sentido. Por ejemplo, hace unos meses la Junta de Castilla La Mancha retiraba la figura de protección de “refugio de fauna” de tres montes de utilidad pública de Toledo que, casualmente, ahora están incluidos en el estudio solicitado por Cospedal.

Se vende coto

¿A quién podrían interesar estos montes que tan poco rentables y provechosos le resultan a la administración? No es difícil de adivinar a estas alturas que el sector cinegético tiene todas las papeletas.

Por si no hubiera suficientes cotos de caza ya en los montes (según Ecologistas en Acción, el 88% de la superficie se dedica a la caza en Castilla La Mancha), se allana el terreno todavía más para ponérselo en bandeja, y no solo vendiéndoles el monte, sino desprotegiéndolo cada vez más. En esta línea, hace solo unos meses Castilla La Mancha presentaba el borrador de un nuevo Reglamento de Caza para, en la medida de lo posible (hasta donde les permitía llegar la Ley de Caza de ámbito nacional), “atender las demandas del sector cinegético”. Entre estas demandas atendidas están la desprotección del muflón y el arruí (dos especies de bóvidos), que pasan a ser especies cinegéticas, la posibilidad de la caza nocturna, y la regulación de la caza de jabalí con lanza.

Más allá de la aversión y la rabia que nos pueda producir esta actividad en sí misma, el hecho de que se hagan los/as dueños/as del monte y tengan en sus manos la capacidad de gestionar a su antojo ecosistemas enteros y las poblaciones de animales que albergan, nos parece sencillamente catastrófico.

Por mucho que se declaren cínicamente “defensores del medio ambiente”, como afirma por doquier en su web la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética y la Conservación del Medio Ambiente (APROCA, agrupación de empresarios de caza que mueve miles de euros y a quien más se le debe haber hecho la boca agua con el anuncio), los intereses de la caza son incompatibles con la conservación de los ecosistemas en estado natural. El control directo de depredadores, la contaminación por plomo, los vallados, la alteración de las poblaciones de presas (tanto por las que se cazan como por las que se sueltan para luego cazarlas), etc., convierten los montes en parques de entretenimiento para el disfrute de quienes lo paguen, a costa de las dinámicas ecológicas, la conservación de especies y la vida de muchos animales. Por no mencionar la privación a las poblaciones locales de la posibilidad de aprovechar los recursos del monte (como la recolección de setas, plantas, etc.) y del disfrute del mismo.

La misma lógica, mismas conclusiones

Lo hemos visto y lo estamos viendo más y más en muchos aspectos de nuestras vidas, y al igual que la lógica del capital es incompatible con unos servicios sanitarios de calidad y para todos/as, también lo es con la conservación del medio ambiente. Si bien los montes en manos públicas pueden servir igualmente a intereses económicos que primen sobre la conservación, en manos privadas la balanza termina de inclinarse del todo sobre ese lado.

Considerar los montes como un mero recurso más, como algo que no debe existir sin aportar beneficios económicos, no solo implica consecuencias ecológicas y sociales como las que hemos mencionado, sino que muestra la demencia de un sistema social que, conociéndolos, decide ignorar los servicios fundamentales para nuestra propia existencia que prestan estos espacios, como son el mantenimiento de la calidad del agua, el aire y el suelo, el control de la erosión, etc.

Para terminar, nos gustaría invitar a la reflexión sobre los límites que puede tener el más que habitual recurso a la legislación, a pedir regulaciones, protección legal, etc. como forma de evitar la destrucción de estos espacios (y en muchos otros ámbitos que nos afectan). En lo ambiental como en lo demás, las leyes, por muy bonitas que puedan llegar a quedar sobre el papel, nunca van a dejar de responder a los intereses de quien gobierne y de quien tenga el dinero para pagar su influencia en ese gobierno. En este caso han sido las empresas cinegéticas, en otros pueden ser las ganaderas, energéticas, inmobiliarias… Reclamar reformas legales que luego serán ignoradas en la práctica o que se modificarán cuando les convenga, puede suponer malgastar nuestras fuerzas inútilmente en vez de emplearlas para explorar otras formas de lucha que apunten y perjudiquen directamente a quienes pretenden negociar con los montes, con la fauna, o con lo que se les ponga por delante.

Extraído del nº 26 de la publicación anarquista Todo por Hacer

www.todoporhacer.org

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